Tras la aprobación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, son necesarios diversos esfuerzos para su implementación y seguimiento, como valorar capacidades y recursos de todo tipo, desarrollar nuevas estrategias y diseñar arquitecturas institucionales a nivel nacional, regional y global.

Los  Países de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible, establecido en mayo de 2016 por los países miembros de la CEPAL, es el mecanismo regional para el seguimiento y examen de la implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, incluidos los Objetivos de Desarrollo Sostenible y sus metas, así como sus medios de implementación, y la Agenda de Acción de Addis Abeba.

 En efecto, la dimensión regional adquiere cada vez mayor relevancia frente a los actuales cambios globales de paradigma y resulta esencial para la implementación de la Agenda. Aprovechar la arquitectura institucional existente en América Latina y el Caribe, incluida la experiencia de la CEPAL y sus órganos subsidiarios, en coordinación con el resto del sistema de las Naciones Unidas  y demás espacios regionales y subregionales,, en el seguimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) y otros acuerdos globales, contribuye a formar una base sólida para un seguimiento y análisis colaborativos de los ODS, fortaleciendo las capacidades de los países e identificando las tendencias regionales y las brechas en la implementación de la Agenda 2030.

Los órganos subsidiarios de la CEPAL son:

• El Consejo Regional de Planificación

• La Conferencia Estadística de las Américas

• La Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo de América Latina y el Caribe

• La Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe

• La Conferencia Regional sobre Desarrollo Social de América Latina y el Caribe

• La Conferencia de Ciencia, Innovación y Tecnologías de la Información y las Comunicaciones

• El Comité de Cooperación Sur-Sur

• El Comité de Desarrollo y Cooperación del Caribe

 En el campo de la educación, fundamentalmente son dos  los hechos que, en la actualidad, se imponen con carácter universal: la explosión sin precedentes de la demanda de oportunidades educativas por parte de los individuos y el papel que se asigna a sus sistemas en el desarrollo de los países. Estas circunstancias exigen cambios profundos en materia de conceptos, actitudes y métodos de actividad; y ambos hechos están llamados a servir de criterio para evaluar el acierto y eficacia de la políticas que se adopten

En primer lugar, esa explosión coloca a los gobiernos ante serios y crecientes compromisos para brindar facilidades y recursos que hagan efectiva la garantía implícita en el derecho a la educación, hasta ahora formalmente enunciado en la legislación y en la práctica escasa y tímidamente satisfecho; hoy se ha convertido en una verdadera exigencia de la población.

 En segundo término, la convicción cada vez más generalizada sobre la función directa que puede y debe desem peñar la educación párá satisfacer los requerimientos específicos y 'cambiantes del orden económico. y social; esto obliga a adecuar, de modo permanente y con sentido previsor, la evolución de los sistemas educativos y la del contexto social.

 La idea de la necesidad de un planeamiento sistemático de la educación permitió la toma de conciencia sobre las implicaciones de orden político, pedagógico, financiero y administrativo de aquellas dos exigencias y sobre los problemas que suscita su cabal cumplimiento.

 Por ello en la actualidad la mayoría de los países está empeñada en orientar su actividad educativa según planes sistemáticos, articulados con los planes generales de desarrollo. En este esfuerzo participan tanto los países alta- mente desarrollados como aquellos que se empeñan en acelerar el proceso de su crecimiento económico y su cambio social.